Preguntas Frecuentes (FAQ) relativas a la última Sentencia del Tribunal Supremo sobre cláusulas abusivas e impuestos en las hipotecas

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Foto: Kelly Sikkema

ACTUALIZACIÓN: La resolución adoptada por el Pleno del Tribunal Supremo el 6 de noviembre de 2018 ha dejado sin efecto la Sentencia que se comenta a continuación. Más información.

Recibimos con total satisfacción la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2018, que finalmente acepta la tesis que veníamos manteniendo una mayoría de letrados sobre la responsabilidad de pago de los gastos derivados de la escritura de préstamo con garantía hipotecaria.

En dicha sentencia se establece con rotundidad que desde la consideración de los principios de inscribibilidad, capacidad contributiva e interés finalístico, el obligado al pago ha de ser el banco prestamista.

La Sentencia viene a anular el art. 68.2 del Reglamento del Impuesto, por constituir un evidente exceso reglamentario.

Aunque constan dos votos particulares, es importante señalar que el primero de ellos del Magistrado D. Nicolás Maurandi Guillen viene a apoyar y ampliar las razones que avalan el fallo de dicha sentencia.

Lo importante ahora es considerar las distintas soluciones que pueda adoptar el ciudadano a fin de recuperar los importes indebidamente abonados.

Entendemos caben distinguir los siguientes:
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Deber de inclusión de subvenciones concedidas a su comunidad de propietarios en su IRPF

 
 
 
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El titular es nuestro pero bien podría ser el que tendría el artículo que encontró un compañero el otro día en el periódico El Mundo.
Es una cuestión en la que nadie pondrá su atención pero que puede tener serias consecuencias. El motivo que subyace en esta imputación o atribución de rentas es algo que hemos tratado en otras ocasiones, el hecho de que las comunidades de propietarios tienen su propio CIF y giran en el tráfico como cualquier otra persona, pero en realidad no tienen personalidad jurídica distinta de la de todos y cada uno de sus propietarios. Es por eso que no pagan tasas judiciales tras la última reforma que exime a las personas físicas de dicha obligación y por lo que cualquier ayuda conferida a las mismas que sea contributiva se ha de trasladar a la declaración fiscal de todos y cada uno de sus integrantes.


 
 
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