Hace escasas horas que ha concluido una moción de censura. Una moción que ha provocado la intervención de un agente externo, o outsider como dirían los anglosajones, el Sr. Tamames.
La conclusión que uno saca es que ese señor ha cometido el error de competir con palomas. Hemos visto que en el turno de réplica, inmediatamente seguida a la intervención del candidato, nuestro Presidente del Gobierno sometido a la moción, daba lectura a un guión de 20 folios.
¿Cómo podría saber el Presidente del Gobierno qué iba a decir el candidato para traer ya su respuesta de casa, en 20 folios? Doy por sentado que nadie escribe 20 folios sobre la marcha, así que la conclusión es que no, que ni podía saber con certeza lo que se iba a decir, ni tenía intención de replicar, sino de abusar de su turno, desvirtuando el proceso en curso. Un nuevo desprecio a instituciones esenciales.
Hemos visto a diputados, como de costumbre, haciendo más alarde de potencia vocal, que de habilidad dialéctica. Y así nos va.
Pero si hay algo que es destacable de la intervención del Sr. Tamames (sea cual sea su ideología y sea esta compartida o no), es la llamada de atención a la deriva totalitaria en el campo legislativo, por abuso de la figura de los decretos-ley. Llegado el punto en el que claramente estaba perdida la moción, es de agradecer que se tomara el tiempo para llamar la atención a los servidores públicos sobre esa deriva, y la falta de servicio en que están incurriendo.
El problema es que lo hizo de forma tan sutil y elegante, acorde al foro en el que se expresaba, que la mayoría ni se enteró.
Decirle a un diputado que no se excite, tras recordarle que estaba en un parlamento (término derivado del francés parlement, derivado a su vez de parler o parlar en español), como forma de recordarle que al parlamento se va a exponer argumentos, en aras de un debate, no a exhibir formas propias de otros foros, es demasiado sutil para quien no quiere entender.
Hace meses que hay una huelga de los Letrados de Administración de Justicia (LAJs, antes llamados secretarios judiciales) y nadie parece reaccionar. Es cierto que es una huelga peculiar, pues en la mayor parte de los casos que hemos visto, son huelgas en días puntuales, no consecutivos, pero la realidad es que están bloqueando los juzgados y nadie reacciona. Y no parece que vaya a agotarse la huelga, porque la realidad es que una parte considerable de los LAJ (no todos) no ven muy mermada su retribución (como procede en una huelga) al limitar la huelga a escasos días del mes.
Así que, por un lado tenemos la Justicia paralizada, y por otro se están cruzando líneas peligrosas, atentando de forma constante contra la seguridad jurídica, porque se legisla de forma prepotente y precipitada, con desprecio al necesario debate legislativo en el Parlamento y Senado. Buena combinación si queremos una buena tormenta.
Ya no es sólo el error cometido en la ley del "sólo sí es sí", que ha sacado a muchos criminales de la cárcel antes de lo que estaba previsto, o las consecuencias perversas y previsibles de ofrecer barra libre para cambios de género, sin causa o justificación, en la ley de igualdad real entre hombres y mujeres. Más grave aun es que se están cometiendo errores de bulto en otras múltiples reformas de normas tan esenciales como el Código Penal.
Algunos errores vienen de la elección mayoritaria de la vía del Decreto-ley, que es la menos democrática de las vías para legislar. La herramienta del Decreto-ley debería ser una opción minoritaria o excepcional, pero se ha convertido en el nuevo proceso legislativo estándar, que por la combinación de precipitación y falta de conocimiento, da lugar a desastres. Por lo visto, llevamos años de continua emergencia, más allá de cuestiones sanitarias y del COVID. Pero incluso aunque así fuese, aunque fuese legítimo el recurrente uso de la vía urgente, para normas con mayor objetivo electoral que para brindar servicio público, no podemos obviar que se cometen errores de bulto.
Ultimamente, el desprecio por la labor legislativa ha llegado a tal punto, que incluso se cometen en normas con la mayor importancia y garantías procedimentales.
Permítame ilustrarle y demostrarle que la reforma del delito contra la libertad sexual no es un error aislado, tratándose de una norma tan esencial como el C.P:
El artículo 173.1 del C.P regulaba los delitos contra la moral, castigando tres conductas distintas en tres párrafos consecutivos, y en un cuarto párrafo, regulaba el supuesto en que el autor fuese una persona jurídica, no una persona física (como Vd. y yo), tal y como desgloso a continuación:
a) Primer párrafo: trato degradante que menoscabe la integridad moral.
b) Segundo párrafo: acoso laboral
c) Tercer párrafo: acoso para impedir el disfrute de la vivienda.
d) Cuarto párrafo: "Cuando (…), una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en los tres párrafos anteriores, se le impondrá la pena…"
Ahora bien, llegó la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de transposición de directivas europeas (…), y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos (…), y modificó el artículo 173.1 ya citado del C.P, para introducir un nuevo segundo párrafo, relativo a la ocultación de un cadaver:
Así que ahora tenemos un artículo 173.1 del C.P con los siguientes párrafos:
a) Primer párrafo: el trato degradante que menoscabe la integridad moral.
b) Segundo párrafo: ocultación de un cadáver
c) Tercer párrafo: el acoso laboral
d) Cuarto párrafo: el acoso para impedir el disfrute de la vivienda..
e)Quinto párrafo: "Cuando (…), una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en los tres párrafos anteriores, se le impondrá la pena…"
Con las prisas, y pese a que se trata de una Ley Orgánica, nadie modificó del antiguo cuarto párrafo, ahora quinto, para decir "…en los párrafos primero, tercero y cuarto de este artículo" y como consecuencia, hemos despenalizado el trato degradante cometido por una persona jurídica, y penalizado que una persona jurídica (sociedad mercantil, asociación o ente público) oculte un cadáver.
Dado que el tipo de la ocultación de un cadáver, para que sea delito, exige que la ocultación reporte un beneficio al autor, es claro que parece complicado que se vaya a aplicar la pena. en el caso de una entidad mercantil.
Y alguno estará pensando que todo este artículo es una chanza política, contra un determinado partido o color, pero es importante recordar que la actividad legislativa, bien por haber colaborado en su redacción, bien por haberla ratificado a posteriori, es responsabilidad de todos los diputados y senadores.
Y podríamos comentar el rumor persistente de una dimisión en masa de miembros del CGPJ, a fin de forzar una renovación debida y preceptiva, desde hace mucho tiempo, pero creo que ya se ha entendido lo que se denuncia.
Así que, por favor, elijamos a personas inteligentes, capaces y comprometidos con el servicio público y la seguridad jurídica para legislar, exijamos respeto a las normas y las instituciones, y seamos serios. Lo contrario será buscar un hundimiento voluntario, que no nos engañemos, sólo ahogará a los que producen y se esfuerzan tanto, que ya no tienen tiempo o medios para buscar alternativas e irse. Las grandes empresas, o se han ido, o se irán, mientras los cuentistas seguirán llorando ayudas y paguitas, con la misma falta de razón que hasta ahora.
Como dijo Ayn Rand (seudónimo de Alisa Zinóvieva Rosenbaum) en su libro “La rebelión de Atlas” de 1950:
Cuando adviertas que para producir necesitas la autorización de quienes no producen nada; cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes trafican no con bienes sino con favores; cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y las influencias más que por el trabajo, y que las leyes no te protegen contra ellos, sino que, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti; cuando repares que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un sacrificio personal, entonces podrás afirmar sin temor a equivocarte que tu sociedad está condenada.
Buen fin de semana. 
