Peligrosa deriva dictatorial
Hace unos días el tema del día era Ferrovial, y su proceso de traslado al extranjero, por seguridad jurídica, un término que nosotros mencionamos mucho y que ahora vamos a saber cómo de importante es, vista la presión recibida por Ferrovial. Para muestra, dos titulares de la Portada de El Mundo: "Sánchez presiona hasta el final al presidente de Ferrovial…" o "Agencia Tributaria. Malestar por la presión del Gobierno en el caso Ferrovial: "Quieren ganar a la Junta de Accionistas".
Ahora el tema del día es la situación de unas enfermeras que se han involucradas en cuestionables prácticas instructoras por autoridades públicas como consecuencia de un vídeo en el que se cuestiona la exigencia de acreditar un conocimiento concreto del catalán, mediante un título específico (con algunos calificativos reprochables).
Pero al final, si se analizan todas las noticias recientes sobre el poder legislativo, el problema se ha de calificar como "deriva dictatorial", con cada vez mayor presencia de arbitrariedad, concentración de poder y ataques a la seguridad jurídica.
Cualquier régimen dictatorial busca siempre concentrar el poder y hacerlo lo más amplio posible. Se puede conseguir entre otras formas, eliminando la seguridad jurídica y la presunción de inocencia, pues son las vías más idóneas para legitimar cualquier decisión arbitraria por una verdad o interés superior.
El tema de la seguridad jurídica se puede conseguir de muchas maneras, y legislar de forma indiscriminada por Decreto-Ley, y de forma muy atomizada, es una de ellas. El problema es que en España no paramos de hacer leyes sectoriales o especiales, inconexas entre sí, desvirtuando cada vez más los códigos y haciendo más difícil tener claro qué regulación existe sobre un aspecto concreto. Y eso es muy peligroso, porque abre la puerta a la discrecionalidad, cuando no arbitrariedad, en las decisiones de la autoridad.
Si las normas usan términos indeterminados o se superponen en relación a una materia, estableciendo regulaciones o criterios dispares, no hay certeza posible sobre cómo interpretar la norma. No se puede prever cuál será la respuesta de la autoridad ante mis actos.
Esa polarización y segmentación de la normativa hace más complicado conocer las consecuencias legales de nuestros actos, o saber cómo hacer algo correctamente sin tener que sufrir penalizaciones o castigos. Y en esa situación estás a merced del dictador de turno, o del régimen autoritario de rigor. No puedes defender tus intereses o derechos, porque buscarán la interpretación de la norma que permita deslegitimarte como infractor, como delincuente (y además te trasladarán la carga de probar que no lo eres).
Eso es la seguridad jurídica, la certeza del derecho. Y su protección es inversamente proporcional al afán dictatorial o el carácter tirano del gobernante. Cuanta más inseguridad jurídica, mayor capacidad tiene la autoridad para aplicar la norma de forma estricta o severa solo con quienes le incomodan o cuestionan, y entonces la amenaza es constante y clara.
Y esa inseguridad jurídica no sólo ha motivado la salida de Ferrovial, según lo publicado, sino que rodea y condiciona su proceso de salida. Hasta ahora nadie había cuestionado los beneficios fiscales de Ferrovial, o que estuviese cumpliendo sus obligaciones fiscales. Si las normas que regulan las obligaciones de Ferrovial están bien hechas, unificadas en un sólo código por ámbito (Código de Derecho Mercantil y Código de Derecho Tributario), entonces el equipo de asesoramiento legal de Ferrovial no tendría ninguna inquietud. Podría tener la certeza de estar haciendo todo de la forma establecida, y sobre todo, cuánto le costará la marcha de España. Y en ese escenario, el gobernante no tendría ninguna herramienta de presión.
Si toda la regulación de un ámbito están en un Código (p.ej: en el caso de las relaciones civiles entre ciudadanos, en el Código Civil), como lo estaba tras el proceso de codificación napoleónica, el ciudadano sólo tiene que buscar en ese código el título o capítulo que regula aquello que pretende hacer. Por ejemplo, si planeo una compraventa de vivienda, bastará con leerse todos los artículos de esa sección o capítulo del Código Civil, y ya sabrá cómo debe hacerlo todo. Tiene seguridad en hacer las cosas bien y lo hace.
Es que sólo así se puede aplicar legítimamente la máxima: "el desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento." Porque sólo cuando la norma se puede conocer con una diligencia o atención media, se vuelve inexcusable su ignorancia.
De cualquier otra forma, esto es, si conocer la norma, o cumplirla, deviene imposible, entonces la máxima o principio general del derecho que resultaría de aplicación sería: "Ad impositiva nemo tenetur" que significa que nadie puede quedar obligado a cosas imposibles
Por tanto, si para saber cómo hacer algo se ha de acudir a multitud de normas distintas, con redacciones dispares y a veces incoherentes entre ellas, nunca tendrás la certeza de haber consultado toda la normativa, ni cómo decidir que norma debe prevalecer en caso de contradicción entre ellas. Y ahí está la mayor herramienta de un tirano. Siempre podrá deslegitimar a cualquier ciudadano tildándolo de delincuente o infractor, porque siempre habrá una interpretación de alguna norma que le permitirá afirmar que se ha cometido una ilegalidad.
No conocemos la situación de Ferrovial, no conocemos qué están haciendo con exactitud, sólo nos preocupa que el caso está poniendo de relieve cuan conveniente y conocida es la falta de seguridad jurídica, si la denuncia de los funcionarios de la Agencia Tributaria es real. No es accidental que la seguridad jurídica sea siempre despreciada o atacada. Es, en el mejor escenario, un accidente muy conveniente. Con seguridad jurídica, no habría competición posible entre Agencia Tributaria y Ferrovial, sólo una relación que se desarrollaría dentro de cauces claramente regulados y preestablecidos.
Lo mismo cabe predicar de la enfermera. Muchos son los vídeos que a diario inundan las redes desde puntos del centro sanitario que no revelan intimidad de ningún paciente, y no hay actuaciones disciplinares. A diario se producen investigaciones, y mientras las diligencias practicadas se centren en aclarar si se ha producido algún acto expresamente prohibido, no hay problema. El problema es cuándo en sede de instrucción o investigación se busca intimidar al testigo o recabar información sobre la opinión del testigo.
El testigo tiene la obligación de aportar la experiencia que tuvo del hecho enjuiciado, no de aportar su opinión personal. El pensamiento es libre y sólo la religión castiga el pensamiento. Son los actos lo que se debe juzgar, no si las dos enfermeras que salen en el vídeo de la enfermera andaluza están de acuerdo o no con lo que ella dice. Lo que piensen es indiferente, lo que dicen o hacen en el vídeo es lo que es relevante, en la medida que conculque una norma. No se puede hacer una interpretación de una norma disciplinaria de forma tan extensiva que castigue el pensamiento.
A ello sumémosle la tendencia de exigir la justificación del cumplimiento al ciudadano, en lugar de la prueba de la infracción a la autoridad o denunciante, y tendremos un ataque claro a la presunción de la inocencia. Tanto la normativa de ley del "Sólo sí es sí", como la denominada "Ley Trans" (en relación a la persecución de la discriminación por razón de género por los funcionarios públicos), dejan ver que el legislador pretende trasladar la carga de probar su inocencia al acusado/investigado, algo radicalmente inconstitucional. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y probar que algo no se ha producido, es imposible. En derecho se dice que probar la ausencia de algo es una prueba diabólica. Así que si a partir de ahora, es Vd. quién debe probar que no ha hecho lo que dicen que ha hecho, mal futuro le espera. Habrá veces que con suerte podrá probar un hecho positivo incompatible con la acusación (coartada), pero si no…. será culpable hasta que demuestre lo contrario.
Si sumamos que tenemos a un magistrado de Ministro de Interior, que tuvimos a una antigua Ministra de Justicia de Fiscal General del Estado (hasta su renuncia por salud), o las públicas y poco escondidas negociaciones para renovación del CGPJ, podemos añadir a los ataques a la seguridad jurídica y presunción de inocencia, la de ausencia de división de poderes. ¡Malísima combinación!
Espero de todo corazón que esta deriva totalitaria de nuestros legisladores se acabe pronto.
