Dejemos de hablar de eficiencia de la Justicia para centrarnos en la eficacia de la Justicia.

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Foto de Alexey Sukhariev en Unsplash

Hay una clara tendencia en este mundo a obsesionarse por la eficiencia, hasta el punto de olvidarnos de la eficacia. Mucha gente incluso confunde esas dos palabras. En relación a la Justicia o cualquier ente, la eficacia se podría definir como la capacidad de alcanzar un objetivo o cumplir una función, mientras que la eficiencia es la capacidad de lograr ese objetivo con el mínimo empleo posible de recursos.
Desde hace un tiempo, sobre todo con la irrupción de las nuevas tecnologías en los 90, se ha puesto el foco en la eficiencia, pues era el recurso de marketing para conseguir convencer a las empresas de invertir (no gastar) en nuevos ordenadores, plataformas y programas informáticos.

El problema es que ese mantra comercial se ha convertido casi en un dogma, en base al cual se han hecho las previsiones de medios humanos y se ha proyectado la estructura de un poder público tan esencial como la Justicia o, quizás también, la Educación o la Sanidad. Y creemos que en lo relativo a la Justicia, que es nuestro ámbito, es un error.

Ese afán por incrementar la eficiencia ha llevado a un claro descuido de las personas, y casi a obviar que en el afán de mejorar la eficiencia de los Juzgados, al final han dejado de ser eficaces, porque los retrasos la están haciendo cada vez menos útil: hay mucho casos en los que ya no sirve para proveer soluciones justas, ni para mantener la paz y el orden social.

Los constantes cambios normativos, incluso a nivel de estructura interna de la oficina Judicial, producidos desde los años 90 en adelante no han mejorado su funcionamiento lo suficiente como para suplir unos medios inferiores en términos relativos o per capita.

Así que sería de rogar a nuestros gobernantes, los que sea que resulten elegidos, que se tomen la Justicia en serio, que atiendan el conflicto que tienen abierto desde finales del año pasado con los funcionarios de Justicia para concluir con una concatenación insostenible de huelgas, porque si no, corremos el riesgo real de volver al Salvaje Oeste. Si se siguen acumulando casos en los tribunales, si los abogados procesalistas seguimos sin poder cerrar asuntos y cobrarlos, pronto ni habrá capacidad real en los Juzgados para gestionar el colapso, ni abogados independientes que puedan cumplir su función de auxiliar al Poder Judicial.

Así que, por una vez, reconozcamos que no tiene sentido preocuparse por la eficiencia cuando no hay eficacia. Volvamos a luchar por conseguir una Justicia eficaz y útil, y ya habrá tiempo de retomar la persecución de la eficiencia.