Una tendencia peligrosa, una que nunca parece tan problemática, hasta que llegan los efectos perversos de dicha estrategia, como bien expuso la película “Die Welle” o “La Ola” como fue titulada en español.
En esa película se expone el caso de un profesor que demuestra cuan frágil es el equilibrio preciso para la existencia de la democracia, y lo fácilmente que puede derivar en una autocracia. A través del lema: “el poder mediante la disciplina, fuerza mediante la comunidad, fuerza a través de la acción, fuerza a través del orgullo”, de apariencia inocente o inocua, demuestra cómo conduce a una situación que permite las mayores barbaries.
Estoy seguro de que, según la ideología del lector, identificará ese lema, así como la tendencia a personalizar que estamos exponiendo, a unas siglas políticas concretas, pero la realidad es que da igual a quien se le atribuya, el hecho de que reconozca dicha tendencia y la pueda atribuir a cualquier partido integrante del poder legislativo, ya es un problema en sí mismo, y uno bien grande.
Todos deberíamos tener presente que, en muchos países, incluido el nuestro, y a lo largo de la historia, se han producido reiterados genocidios por identificar los males de la sociedad con una etnia, religión o colectivo concreto. Y todo empieza por manipulaciones en apariencia menores, que conducen a la identificación de un mal con un culpable, o la división de una sociedad en bandos, como forma de manipulación.
También se producen conatos de golpes de Estado, como la toma del Capitolio Estadounidense, por esta radicalización creciente.
Así, y ya en un plano más local y reciente, vemos que tanto en relación con la baja laboral por menstruación, como en relación con la nueva ley de libertad sexual (o ley de solo sí es sí), o en relación con la delincuencia (vinculada expresa o sutilmente a la inmigración), son constantes los ejemplos de esta creciente y peligrosa tendencia en la política: priorizar la identificación subjetiva de los beneficiarios o culpables, por encima del análisis objetivo del fenómeno o problema, que permita vislumbrar y desarrollar una solución para el mayor número de problemas.
Antes de prejuzgarnos, permítanos explicarnos.
No negamos ni la existencia de los problemas derivados de la menstruación, ni por la existencia de abusos y agresiones sexuales, sobre los que se ciñe el legislador, ni la necesidad de buscar soluciones. Tampoco tenemos nada en contra de nadie, ni de ningún movimiento ideológico o político, como no puede ser de otra forma.
Lo que estamos señalando y criticando es el enfoque irresponsable de nuestros políticos ante esos problemas, la tendencia a centrarse en el sujeto más que en el hecho, incluso si ello conlleva reducir un amplio espectro del problema, para que así case con la consigna política que defienden, o generen complicidad con el votante, y granjearse votos.
Se prioriza que un problema (hecho objetivo), se pueda identificar con un sector de población o votantes concreto, o con una ideología, para obtener un rédito político. Todo lo demás da igual.
Así no dan más ayudas a la cultura en general, sino una ayuda económica a los jóvenes que adquieran la mayoría de edad, y por tanto votarán por primera vez, este año. Como si los menores de esa edad no tuviesen limitaciones a la hora de acceder a la cultura, o si el mayor de 18 años ya no precisase ese apoyo.
De igual forma, tras el experimento de las bajas auto tramitadas online por positivo COVID-19, no exponen que la regulación de las bajas laborales, o los protocolos para su concesión, deba ser analizada y replanteada, con el objetivo de conseguir que cualquier persona, con un malestar, patología o sintomatología incompatible con el desempeño de su trabajo, o incluso para acudir a buscar una baja laboral al centro de atención primaria, pueda ver sus necesidades atendidas. No, nada de eso. Se centran en las mujeres y su menstruación, al resto de personas con sintomatologías impeditivas recurrentes que les ayude otro.
Igualmente, ahora que quieren prohibir la pornografía y la prostitución, introduciendo un tipo penal para los que acuerden involucrarse en prácticas sexuales por dinero, no se analiza cuan útil o eficaz será la medida; ni siquiera se explica qué especialista o con qué criterio recomienda tal determinación. Sólo se habla de prostitutas y niños con falta de educación sexual confundidos por la pornografía. Si el problema es la falta de educación sexual de menores, quitarles esa referencia tóxica no será suficiente para salvar su laguna educativa, y tampoco justifica la lesión al derecho del resto de adultos y profesionales del sector, a consumir o producir dicho contenido pornográfico.
Lo importante es vender que se protege a la mujer, victimizándolas sin distinción, imponiendo que no pueden querer realizar prácticas sexuales por dinero (no juzgamos qué opción es correcta, si no que sea el criterio para tomar medidas).
Insistimos, no nos malinterprete:
- No estamos a favor de la prostitución, pero entendemos que es una realidad, un oficio (el más antiguo) que es necesario regular para respetar a los hombres y mujeres que lo eligen, sea cual sea su género, nacionalidad, etnia o religión. Mas que prohibir, habría que analizar cómo garantizar que se desenvuelvan con libertad, seguridad y garantías para su salud.
- No cabe discutir que, si el estado físico de un trabajador no le permite realizar o desempeñar su trabajo con normalidad, hay un problema a solventar, tanto a nivel laboral, como a nivel médico, sea cual sea la causa fisiológica (ya sea por menstruación, jaqueca crónica o cualquier otra causa o patología). Tampoco cabe duda de que cualquier persona explotada sexualmente precisa ayuda y que sufre una situación intolerable, pero ¿realmente pensamos que criminalizar su conducta le animará a pedir ayuda? Realmente creemos que una víctima de trata de blancas va a acudir a la policía cuando sepa que vender servicios sexuales es un delito. El proxenetismo y la explotación sexual son delitos muy antiguos, que por desgracia no evitaron el problema.
Leyendo la prensa o escuchando a nuestros diputados legisladores, uno podría pensar que sólo se atenta únicamente contra la libertad sexual de las mujeres adultas, cuando vuelven a su casa, de noche, durante los fines de semana, o bien mediante drogas que anulan la voluntad y que se administran en lugares de fiesta, y que ello responde únicamente a lagunas en nuestro Código Penal, básicamente porque dicha regulación no da la debida importancia al consentimiento. Y ahí llega el eslogan: “solo sí es sí”.
Parece que los hombres nunca son víctimas de esos delitos contra su libertad sexual, o que el problema es una falta de castigo legal, en lugar de un problema de dificultad probatoria de actos producidos normalmente en el ámbito privado.
No cuesta encontrar en prensa expresiones como que “la ley de libertad sexual pone el consentimiento en el centro de la regulación.”
Vds. disculpen pero eso es así desde hace muchos años, y por tanto quienes afirman algo así, faltan a la verdad, y manipulan de forma vergonzosa a la población.
Nuestro Código Penal data del año 1995 y tiene un título llamado: “Delitos contra la libertad e indemnidad sexual.”
Si se habla de libertad, necesariamente se está poniendo el foco en el consentimiento y las circunstancias en que dicho consentimiento se produce. Uno no es libre cuando sufre una imposición, sólo cuando elige y consiente una opción libremente, o lo que es lo mismo, sin condicionantes externos e impuestos.
No cabe consentimiento sin libertad. Siendo esto una obviedad, parece que hay que explicarlo.
Si no nos cree (lo que por otro lado es sano), lea los artículos 178 y siguientes de nuestro Código Penal. Si lo hace, verá que se castiga todo acto que involucre a una persona en un acto sexual sin su consentimiento.
Pero vayamos más allá, en la redacción dada al artículo 181.2 de nuestro Código Penal, que está vigente desde el año 2010, se refiere:
“2. A los efectos del apartado anterior, se consideran abusos sexuales no consentidos los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuyo trastorno mental se abusare, así como los que se cometan anulando la voluntad de la víctima mediante el uso de fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea a tal efecto.”
Entonces ¿por qué tanta declaración política sobre la necesidad de combatir abusos propiciados por el uso de drogas supresoras de la voluntad? Ya está tipificado el uso de esas drogas desde el año 2010.
¿Qué diferencia van a introducir ahora? Podrán endurecer la pena, pero no pueden decir que ahora se va a pasar a combatir y castigar conductas que hasta ahora eran legales, o que van a reforzar la importancia del consentimiento libre.
También se refiere ahora que se equiparará abuso y agresión en cuanto a la pena. No existe un solo precedente en la historia que sustente que unificar dos delitos de diferente gravedad bajo un mismo tipo penal y con la misma pena haya reducido los delitos cometidos o su gravedad media. Lo que suele ocurrir es que se incrementa la gravedad de los delitos cometidos y se produce una mayor inseguridad jurídica, al tener la sanción menos elementos que determinan su graduación. Permítanos razonarlo.
El efecto disuasorio del derecho penal solo cabe entre quienes conocen la tipificación del delito y su pena, y actúan bajo ciertos parámetros o valores éticos o morales de convivencia comunes.
Si el potencial criminal desconoce que lo que va a hacer constituye un delito concreto o qué pena tiene ese delito, difícilmente le condicionará a la hora de tomar la decisión de cometerlo o no.
Pero, si conoce el delito y su regulación, entonces puede que sí condicione su conducta (efecto disuasorio) pero que lo haga de una forma imposible de asimilar para un buen ciudadano: si la pena es igual tanto si comete un abuso, como si comete una agresión, entonces, una vez superado el efecto disuasorio inicial de la pena, no se va a contener ni a limitar en el uso de la fuerza o violencia. Llevará el acto todo lo lejos que le apetezca porque, total, la pena será la misma. El único condicionante de la pena, será que sea descubierto o no, así que muy al contrario de lo buscado, podemos estar incitándole a cometer delitos posteriores tendentes a la ocultación de su conducta delictiva.
Si un ladrón de radios (por citar un delito contra otro bien jurídico) supiese que tanto si rompe el cristal de la ventanilla, como si abre el coche sin dañarlo, la pena será la misma, empleará el método más rápido y que más reduzca las posibilidades de que le pillen, nada más.
El único freno o límite para no romper o dañar el coche, o para usar o no violencia en su agresión, serán los valores que esa persona tenga. El límite que su moral le imponga, pues penalmente parece que la pena va a ser la misma.
Si además se incrementa la diferencia existente entre la menor (multa) y la mayor pena (prisión) prevista para ese nuevo y único delito, a la vez que se reducen los elementos del tipo que deberán valorarse para establecer la pena, entonces no cabe duda de que se incrementa el riesgo de agravios comparativos, derivado de que haya sentencias con grandes diferencias en la pena impuesta para supuestos análogos o similares.
Saltando al espectro opuesto de las ideologías presentes en nuestras cámaras: lo importante no es garantizar la seguridad ciudadana y la de las Fuerzas de Seguridad que defienden nuestras fronteras, detectando las causas últimas de la criminalidad o de las bajas de nuestros agentes fronterizos, para solventarlas y prevenirlas, sino que se intuya que detrás de todo está la inmigración ilegal. No se habla de corruptelas, situaciones de violencia o pobreza extremas, o bandas criminales, no, sólo del hecho de que son inmigrantes.
Tampoco hay discusión sobre que las normas están para cumplirlas y que la seguridad ciudadana es un bien que debemos proteger, pero habría que centrarse en el “por qué” se generan esas situaciones que no queremos, quien las hace posible o las incentiva, más que en la nacionalidad del que delinque, o de quién salta o se embarca en un cayuco, para prevenirlas. Insistimos, se deben identificar las causas no para justificar o disculpar las conductas delictivas, sino para intentar prevenirlas.
Así que, volviendo a nuestra denuncia inicial, queda claro que no se ambiciona solventar problemas o mejorar la situación de los ciudadanos, se trata únicamente de identificar un colectivo o sector de población como beneficiario de la actuación del político, o como culpables para confirmar un sesgo y contentar a un sector ideológico concreto, no de proteger bienes jurídicos como la libertad sexual, la salud de los trabajadores o el orden público.
Pero si todo lo anterior no es suficientemente grave, es aun más flagrante que mientras nuestros políticos se autoproclaman como protectores de la población (o al menos de una parte de ella), planean una reforma legal para evitar los internamientos no voluntarios de personas con problemas de salud mental, que hasta ahora se han decretado con autorización judicial, dejándolos desprotegidos tanto a ellos, que no dejan de tener una patología que requiere atención especializada, como a sus familiares, que carecen de medios para ayudar a dicho familiar. Igual de flagrante fue que el Gobierno trasladase a los Tribunales Superiores de Justicia su responsabildad de frenar la pandemia, algo recientemente declarado inconstitucional.
Por desgracia parece una tendencia irrefrenable, que parte de un desprecio absoluto por las instituciones públicas o la problemática de la gente, y una enfermiza tendencia a generar bandos, y a defender su propia inacción o negligencia, a cualquier coste y siempre con un fin: lograr votos.
Lamentamos ser tan tajantes (y la extensión) pero es incomprensible (además de irresponsable y desleal), que desde el Poder Ejecutivo, que gestionan el presupuesto público, o desde el Poder Legislativo, que son quienes pueden mejorar la normativa que aplican los Jueces y Magistrados de este país, se dediquen a minar la credibilidad de nuestras instituciones públicas, y buscar votos, en lugar de cumplir su obligación y emplear sus amplias competencias para solventar problemas, no para proteger o beneficiar a sectores concretos de población.
Es lamentable la desvergüenza con la que se entregan a la demagogia nuestros legisladores, y el problema es que la víctima no es otra que nuestras instituciones, nuestra Justicia Pública, y nuestra sociedad, cuyo equilibrio democrático podría saltar por los aires, de seguir generando crispación, desinformación, y división interna.
