Pacto Psoe y Ciudadanos para reforzar la Ley Sinde

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PSOE (Flickr)

Esta semana hemos leído que Pedro Sánchez y Albert Rivera han firmado un acuerdo que contempla medidas en diferentes ámbitos. Como quiera que este no es un artículo de información política o general, sino de actualidad jurídica, nos centraremos en la información que en relación a la propiedad intelectual y la denominada "Ley Sinde" se estaría estableciendo. Para aquellos que no quieran seguir leyendo, un resumen: más "Ley Sinde".
Lo llamativo no es que se opte por bajar el IVA de la cultura (algo ampliamente reivindicado), sino el hecho de que por un lado se apueste por la vía administrativa para la protección de los derechos de autor y por otro que se esté hablando de la creación de una fiscalía especializada en delitos contra la propiedad intelectual.

Del primer punto, la apuesta por la vía administrativa, hemos de
reiterar lo ya dicho en otros artículos sobre la viabilidad de esta norma, pero añadiremos por qué entendemos que no cabe dejar en manos de personas ajenas al Poder Judicial la función de juzgar si un contenido es lícito o no, y lo que es peor, la facultad de decidir sobre limitar el derecho de un tercero sobre su página web o su contenido.

Establece el
artículo 117.3 de nuestra Constitución: "El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan."

No dice nada dicho precepto de Comisión o Ministerio del Gobierno, sino de
Juzgados y Tribunales.

"¿Por qué ha de ser un funcionario de una comisión dependiente de un Ministerio (poder ejecutivo) el que, en contra de la norma anterior y en un ataque directo a la división de poderes, decida si alguien está infringiendo un derecho de otro particular o no?"

Por si lo anterior no fuese suficiente, señala el
artículo 14 de la misma norma que todos los españoles somos iguales ante la Ley. Si poca gente se lo creía hasta ahora, menos se lo van a creer en lo sucesivo. Pongamos un ejemplo:si eres propietario de un coche/casa/diseño industrial/etc… y no te lo respetan, has de acudir a los Juzgados, pero si eres propietario de los derechos de autor de una canción (ojo que no tiene que ser el músico que creó la obra) divulgada sin tu autorización o sin pasar por caja, pues en tal caso acudes a una comisión administrativa, para que no te afecte el retraso judicial, y si hay delito se encarga de defender la legalidad y por extensión tus derechos un cuerpo especial del Ministerio Fiscal.

Somos conscientes de que dicho acuerdo no es aun ejecutivo, pues no hay Gobierno constituido, ni en manos de PSOE y Ciudadanos, pero es preocupante ver el fondo que se deduce de dicho acuerdo concreto y, sobre todo, ver que la nueva generación política, que sí debería conocer la realidad digital, siga sin ver que Spotify, iTunes y demás servicios han hecho más por combatir la piratería que mil leyes.

La demanda de la sociedad es clara: contenidos culturales a un precio asumible y con libertad para elegir el formato o medio de consumo. No tiene sentido que un libro electrónico supere los 10 euros cuando el consumidor pone los costes de generar y consumir una nueva copia y la edición de bolsillo vale menos, o que para ver un estreno en casa cuando los niños duermen o cuando el trabajo lo permite (hay quien tiene jornadas laborales que coinciden con los horarios del cine) haya que esperar meses.

Los precitados servicios digitales, que responden a lo que el consumidor demandaba, han hecho posible que la piratería en la música haya disminuido considerablemente, lo mismo que la legalización del alcohol acabó con su contrabando en EEUU tras la Ley Seca. La piratería es un medio no un fin para la gente, ¿por qué no se le brinda otro medio legal para llegar al mismo fin?

¿Hasta cuando van a esperar los demás sectores culturales para adaptarse a los nuevos modelos de negocio?

¿Hasta cuando emplearemos recursos públicos en generar nuevos órganos administrativos, en contra de la Constitución, en lugar de reforzar y mejorar nuestra Justicia?

Muchas gracias por su atención.